¿Hemos de pagar por los banqueros?

Naomi Klein.

Durante la cumbre del G-20 de los días 26 al 29 de junio pasado, mi ciudad (Toronto) parecía una escena del crimen. Los delincuentes desaparecían en la noche huyendo del lugar. No estoy hablando de los chicos vestidos de negro que rompían ventanas o incendiaban coches de policía. Estoy hablando de los jefes de Estado que desgarraban las redes de la protección social y quemaban buenos puestos de trabajo en medio de una recesión. Frente a los efectos de una crisis creada por la capa de los más ricos y privilegiados del mundo, decidieron endosar la factura a la gente más vulnerable y pobre en sus propios países. ¿De que otra forma podemos interpretar el comunicado final del G-20, que ni siquiera incluye un mísero impuesto sobre los bancos y las transacciones financieras, y en cambio prescribe a los gobiernos una reducción del déficit a la mitad para el año 2013?

Se trata de un recorte imponente y enorme, por lo que debemos aclarar quién lo pagará: estudiantes que verán cómo se deteriora aún más su nivel educativo en la enseñanza pública mientras aumenta el importe de sus matrículas; jubilados que perderán sus beneficios sociales ganados a pulso; funcionarios públicos cuyos puestos de trabajo serán eliminados. Y la lista continúa. Este tipo de recortes ya han empezado a aplicarse en numerosos países del G-20 y serán aún mucho más duros. Por ejemplo, la reducción del déficit proyectado en el 2010 en Estados Unidos a la mitad, en ausencia de un notable incremento fiscal, representaría un recorte de 780 millardos de dólares.